Los medios masivos de comunicación de México atraviesan por una severa crisis de credibilidad que es consecuencia tanto del hecho de que su labor sigue estando normada no por la ley, sino por acuerdos con el poder; de que funcionan al margen de cualquier código de ética y de que, mucho más que en el pasado reciente, pretenden erigirse en actores políticos determinantes.