Veinticinco escuelas y colegios privados, y seis universidades privadas le adeudan un total de ¢222 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto de las cuotas obrero patronales.
A nivel de educación superior los centros privados obtienen menor calificación que los públicos, mientras que a nivel de primaria y secundaria la situación es distinta.
La crisis en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha sido clave para acrecentar la desconfianza de los jóvenes con un sistema que no garantiza la calidad de su educación. Todas las instituciones que han sido investigadas por acreditaciones fraudulentas y lucro han registrado bajas considerables en sus matrículas de primer año para 2013, al punto de que al menos 36 carreras se han cerrado por falta de interesados. CIPER recorrió las sedes en Santiago de cada una de esas instituciones y constató en terreno que, mientras la fiscalía y el Ministerio de Educación indagan las irregularidades, los jóvenes se muestran reticentes a inscribirse en establecimientos cuestionados.