In recent years, the government of Colombia has faced several obstacles in its attempts to catalyze socioeconomic progress, not the least of which has been working to end a drug war and regain control of most of the territory that had been lost to guerrilla groups. However, as Colombia enters a phase of economic stability and growth, it faces yet another enormous challenge: offering high-quality education to its citizens.
Thursday’s march was held in solidarity with the former students of the Universidad del Mar, a private institution that was shut down by the government after the extent of its financial irregularities came to light. The university, on the Chilean coast just north of Valparaíso, educates 8,000 students who are now scrambling to find a way to graduate, relocate or get a refund on their pay-as-you-go education before the school closes in December of 2014.
But students say it's not enough because the system is still fails them with poor public schools, expensive private universities, unprepared teachers and unaffordable loans.
Uncovered confidential contracts reveal that millions of dollars may have been illegally funneled from private universities to fund the success of a club soccer team.
El fideicomiso para destinar recursos públicos de la ALDF al pago de colegiaturas de estudiantes inscritos en universidades privadas es revisado y analizado en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF).
La crisis en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha sido clave para acrecentar la desconfianza de los jóvenes con un sistema que no garantiza la calidad de su educación. Todas las instituciones que han sido investigadas por acreditaciones fraudulentas y lucro han registrado bajas considerables en sus matrículas de primer año para 2013, al punto de que al menos 36 carreras se han cerrado por falta de interesados. CIPER recorrió las sedes en Santiago de cada una de esas instituciones y constató en terreno que, mientras la fiscalía y el Ministerio de Educación indagan las irregularidades, los jóvenes se muestran reticentes a inscribirse en establecimientos cuestionados.
Una merma importante en las cifras de confianza que los jóvenes tienen hacia este sector de la educación superior demostró el Índice de Confianza Pública dado a conocer este martes. Una cifra que se suma a las bajas en matrículas y el cierre de carreras en algunas de las instituciones cuestionadas. Analistas y dirigentes estudiantiles de los planteles investigados aseguran que esto se explica por las irregularidades conocidas y al lucro.
“En la universidad no nos ven como estudiantes, sino como clientes. Cada año inflan descaradamente los precios de las materias y de los trámites administrativos”, afirmó el alumno de la Universidad Latina Eduardo Cerdas Moya.
“Pagué ¢230.000 por un cartón para graduarme de bachiller en Periodismo”, dijo el estudiante de la Universidad Internacional de las Américas (UIA), Sergio Alvarado Pol.
Representantes de las universidades privadas que imparten carreras relacionadas con las ciencias de la salud, piden a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) romper el “monopolio” que deja la formación de médicos especialistas únicamente en manos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
A nivel de educación superior los centros privados obtienen menor calificación que los públicos, mientras que a nivel de primaria y secundaria la situación es distinta.
Veinticinco escuelas y colegios privados, y seis universidades privadas le adeudan un total de ¢222 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto de las cuotas obrero patronales.
Llama la atención que la mayor parte de las carreras acreditadas se imparten en las universidades públicas (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia) y son muy pocas las que se ofrecen en universidades privadas, pese a la gran cantidad de instituciones de educación privada que están registradas y que se anuncian por doquier.
Una acción de inconstitucionalidad, acogida para estudio por la Sala IV el viernes, cuestiona la legalidad del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).